La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León condenada por vulnerar el derecho de acceso a la información ambiental en la gestión del topillo campesino

• Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obliga a la Junta de Castilla y León a entregar a SEO/BirdLife un informe denegado por la administración sobre la efectividad del uso de rodenticidas

• El informe, encargado a un miembro del comité de roedores del observatorio contra plagas, podría revelar la ineficacia del uso de rodenticidas para la contención de las plagas de topillo campesino

Madrid, 26/09/2014- El TSJ de Castilla y León ha ratificado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número Tres de Valladolid, de 5 de septiembre de 2013, en la que obligaba a la Consejería de Agricultura y Ganadería a facilitar un informe que podría comprometer el uso de rodenticidas en la lucha contra la plaga de topillo campesino. Es el final de un largo proceso que comenzó con el recurso judicial contra la Orden de la Consejera de Agricultura y Ganadería de 3 de marzo de 2.011 por la que se denegaba el acceso a la información ambiental solicitada por SEO/BirdLife en cuanto a la justificación científica del uso de rodenticidas para controlar el incremento poblacional de los roedores.

El informe denegado por la Junta de Castilla y León, fue elaborado por Juan José Luque-Larena, entonces miembro del Comité de roedores del Observatorio contra plagas y uno de los mayores expertos en materia de topillo campesino. El informe, cuya entrega ha sido reiteradamente denegada a SEO/BirdLife por la administración, fue elaborado para la Consejería de Agricultura y Ganadería en el marco de un proyecto sobre dinámicas poblacionales del topillo campesino,  y podría revelar la ineficacia del uso de rodenticidas para contener las plagas de este roedor. Esta es una realidad que se ha constatado en la presente campaña, donde el uso de 144 toneladas de este veneno no ha sido capaz de contener su repunte poblacional.

Opacidad de la Consejería de Agricultura y Ganadería

El pasado mes de abril ONG conservacionistas denunciaron el oscurantismo de la Consejería de Agricultura y Ganadería en la campaña de uso de veneno contra el topillo campesino. Las organizaciones criticaban la falta de transparencia de la Consejería, que no ha publicado  resolución alguna que autorice el reparto de veneno, ni las condiciones de uso o las zonas autorizadas. Además, la Consejería no ha hecho público los  supuestos datos de seguimiento que avalan esta decisión. Por otra parte, no se han aportado datos ante ninguna de las reiteradas peticiones de información realizadas. Esta ocultación es un hecho muy grave que resulta incomprensible en una sociedad democrática.

El uso de veneno contra el topillo campesino, ineficaz, y rechazado por la comunidad científica

La comunidad científica ya solicitó a través de un manifiesto paralizar la distribución y aplicación del veneno bromadiolona utilizado en la presente campaña, puesto que el principio activo presenta un gran riesgo para la fauna, y el cebo empleado (grano de cereal) amplifica los daños sobre especies a las que no va dirigido, entre las que se encuentran numerosas aves granívoras protegidas.

Añade el manifiesto que las intoxicaciones secundarias de fauna salvaje que se producen con la aplicación masiva de este tipo de rodenticidas están ampliamente documentadas en el mundo científico y que, en el caso de la bromadiolona, la mortalidad de los depredadores por consumo repetido de presas envenenadas se incrementa de forma exponencial.

Este año a pesar de haberse utilizado 144 toneladas de este veneno y las reiteradas quemas de cunetas y linderos, no ha sido posible contener la plaga de topillo campesino, lo que demuestra la ineficacia de las medidas aplicadas por la Junta de Castilla y León, poniendo en riesgo la conservación del medio natural.

Acción legal llevada a cabo en el marco del proyecto Life+VENENO

Las acciones legales en este caso se llevaron a cabo en el marco del proyecto Life+VENENO que ha tenido como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España.